Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo contrato de concesión de servicios públicos

El Boletín Oficial del Estado de hoy (10 de junio de 2019) publica la Sentencia del Tribunal Constitucional 63/2019 de 9 de mayo, en relación con diversos preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Esta es la primera sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nueva LCSP de 2017. En ella aborda una cuestión de máxima importancia relativa al contrato de concesión de servicios públicos. Concretamente reconoce la creación de una nueva figura en el ordenamiento jurídico español, la prestación patrimonial de carácter público no tributario, figura que existía doctrinal y jurisprudencialmente pero no legislativamente. Esa naturaleza, la prestación patrimonial de carácter público no tributario, es la que la Sentencia atribuye a las tarifas a percibir por el concesionario de servicios.

En la LCSP17 el contrato de concesión de servicios presenta una regulación novedosa y una trasposición del Derecho comunitario tal vez no muy bien resuelta. La regulación sustituye al antiguo contrato de concesión de servicios públicos y rompe la anterior dicotomía entre servicios públicos/recepción por el usuario/concesión y servicios no públicos/recepción por la Administración/contrato de servicios, dicotomía que se basaba en el distinto objeto de los contratos, y que ahora pasa a basarse en la forma de retribución del contratista: explotación con riesgo en la concesión y retribución directa por la Administración en el contrato de servicios que contengan prestaciones a favor de la ciudadanía. Ahora pueden existir contratos de concesión de servicios que no consistan en la prestación de un servicio público y contratos de servicios a través de los cuales se preste un servicio público.

A esto se une ahora la Sentencia del Constitucional, que recoge la constitucionalidad de la nueva figura, lo que provoca la duda del carácter de la prestación a satisfacer en el caso de servicios de recepción obligatoria.

Todo lo expuesto creemos exige un rápido y profundo estudio para asentar doctrinal y jurisprudencialmente los perfiles de una nueva figura de una importancia práctica como la del contrato de concesión de servicios públicos.

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